Más de un centenar de denuncias por vulneración de derechos a las mujeres durante el embarazo y el parto fueron radicadas durante 2017 en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires donde los casos más frecuentes se vinculan a falta de información o la imposibilidad de estar acompañadas durante el nacimiento del bebé.

El organismo informó que durante 2017 recibió 112 denuncias vinculadas a la vulneración de derechos durante el embarazo y el parto en las que el 54% de estas presentaciones corresponde a hechos ocurridos en hospitales públicos y el 46% restante al sector privado.

Según se consignó, los casos más frecuentes que se denunciaron fueron la falta de información a las mujeres embarazadas; maltrato verbal y psicológico; prácticas médicas invasivas y la imposibilidad de estar acompañadas durante el parto.

El Defensor del Pueblo Bonaerense, Guido Lorenzino explicó que la violencia obstétrica es una modalidad de violencia contra las mujeres y según las leyes 25.929 de “parto respetado” y 26.485 de “protección integral a las mujeres”, es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y sucede durante el embarazo, el parto o el puerperio.

“La violencia obstétrica aún no se considera un delito. Si hay mala praxis, sí, porque ese daño si está contemplado. Pero, por ejemplo, una cesárea innecesaria es algo que se avala a pesar de las consecuencia múltiples que tiene”, sostiene entre sus conclusiones el estudio elaborado por el Observatorio de Violencia de Género la Defensoría.

El organismo advirtió sobre la necesidad de que el ministerio de Salud de la Provincia defina un procedimiento administrativo para garantizar el cumplimiento de los derechos de la ley de parto respetado y que permita sancionar a los profesionales y efectores de salud de hospitales públicos y privados que los vulneran.

Ante el vacío institucional, la Defensoría se constituyó como organismo que recibe denuncias por violencia obstétrica y para ello se implementó un protocolo de recepción de casos, con el fin de atender y acompañar a las víctimas y realizar el seguimiento de las quejas.

A partir de las denuncias, el Observatorio identificó algunas prácticas recurrentes, realizadas en los servicios de toco ginecología y obstetricia del ámbito público y privado, que fueron denunciadas como violencia obstétrica.

En todos los casos existieron agresiones verbales por parte de los efectores de salud que van desde retos, burlas, insultos, ironías, hasta amenazas y humillaciones.

Un problema habitual es la falta de información a las pacientes, lo que significa una imposibilidad para que las mujeres decidan las mejores alternativas para llevar adelante el embarazo y el parto. En algunas oportunidades se les ha negado el acceso a su historia clínica y hasta se han adulterado las mismas.

En muchas ocasiones se advirtió la imposibilidad de las mujeres de estar acompañadas en el parto por alguna persona de su confianza cuando la ley en este punto aclara que toda mujer tiene derecho a estar acompañada por una persona de su confianza durante el trabajo de parto, parto y postparto.

Se registraron además intervenciones que vulneran la intimidad de las pacientes, como prácticas de raspados o tacto en salas comunes, exponiéndolas no sólo a condiciones no asépticas, sino también a la exhibición de su cuerpo y genitales.

El informe reveló además que durante la permanencia en hospitales públicos las mujeres encarceladas se encuentran con grilletes, incluso en el momento del amamantamiento.