miércoles 20 de junio de 2018 - Edición Nº275
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En una sesión histórica, Diputados trata el miércoles el proyecto de despenalización del aborto

El proyecto de despenalización del aborto se debatirá el miércoles 13 en una sesión histórica en el recinto de la Cámara de Diputados, aunque la votación aún tiene final incierto ya que las posiciones se mantienen muy parejas y la balanza finalmente la inclinarán los 29 legisladores indecisos.


El proyecto de despenalización del aborto se debatirá el miércoles 13 en una sesión histórica en el recinto de la Cámara de Diputados, aunque la votación aún tiene final incierto ya que las posiciones se mantienen muy parejas y la balanza finalmente la inclinarán los 29 legisladores indecisos.

La iniciativa tendrá una instancia intermedia el martes 12 a la 15 cuando el plenario de comisiones se vuelva a reunir tras la presentación el último jueves del borrador del dictamen, para avanzar en la firma del despacho consensuado al que arribaron diputados de varios bloques que respaldan la iniciativa y lograron incorporar modificaciones.

Si bien el desenlace está abierto y algunos no descartan que haya un empate técnico a la hora de la votación, lo cierto es que es la primera vez que este debate llega al recinto.

El panorama continúa siendo incierto debido a que aún permanecen indecisos unos 29 legisladores que no se manifestaron abiertamente por una u otra posición y algunos que si bien ya resolvieron su voto no quieren hacerlo público hasta que no esté a la firma el texto definitivo del dictamen que impulsan los defensores de la iniciativa.

Lo cierto es que los sondeos realizados por periodistas acreditados en el Congreso sostienen que la iniciativa suma 118 votos en contra y 107 a favor de la despenalización del aborto, mientras 29 legisladores integran el bloque de indecisos, sin contar al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, que no definió su postura y que debería interceder sólo en caso de empate.

En ese conteo no se cuenta al kirchnerista Julio de Vido que se encuentra suspendido y está detenido en la cárcel de Ezeiza acusado de actos de corrupción durante su período al frente del ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.

Las opiniones a favor y en contra superaron las ideologías y dividieron opiniones al interior de la mayoría de los bloques parlamentarios, cuyos integrantes participaron de las marchas de los dos sectores, y produjeron -incluso- algunas rispideces entre los propios colegas de bancadas en reuniones de bloques y a través de las redes sociales.

El borrador elaborado por los diputados que respaldan la iniciativa se basa en el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ese colectivo presenta desde 2006, y recibió al menos 4 modificaciones en busca de sumar mayores consensos y tentar a los legisladores aún indecisos.

Entre esos cambios se analiza incorporar la objeción de conciencia, que habilitaría a los profesionales a ejercerla de manera individual, pero no así a las instituciones de salud.

Otra de las modificaciones está vinculada al artículo que habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a practicarse un aborto sin la autorización de sus padres, punto que quieren eliminar para que esa situación quede supeditada a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial.

También se analiza contemplar el aborto después de la semana 14 en casos de "malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina" y de violación, en los que bastaría una declaración jurada de la mujer para realizar la práctica, sin mediar intervención judicial.

Una última modificación consistiría en poner a disposición de las mujeres que manifiesten voluntad de abortar la información necesaria para que tomen la decisión, que incluiría un período de reflexión obligatoria, e incorporaría medidas para reforzar la educación sexual además de crear consejerías de atención integral a cargo de equipos interdisciplinarios para acompañar a la mujer antes y después de la interrupción del embarazo.

El proyecto establece que "en ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer" y contempla penas que van de 3 a 10 años al que practique un aborto sin ese consentimiento, que se elevan a 15 años en caso de muerte de la paciente.

Otro punto clave es que se obliga a los hospitales públicos, prepagas, obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y PAMI a realizar la práctica médica del aborto.

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