El Senado bonaerense aprobó  una reforma integral de la Justicia Laboral, que busca triplicar la capacidad operativa del fuero al convertir en juzgados unipersonales los actuales tribunales, al tiempo que crea una instancia de apelaciones, que hasta ahora no existía.

El proyecto, enviado por el Gobierno en abril, fue aprobado por unanimidad, incluso con el acompañamiento de Unidad Ciudadana y el bloque del PJ, que al principio del debate habían mostrado sus reparos a la reforma. Desde Cambiemos destacaron que para llegar a esta instancia se hicieron "más de 60 cambios".

La iniciativa, modifica sustancialmente la Ley de Procedimiento Laboral, y forma parte del paquete de reforma judicial que la gobernadora María Eugenia Vidal envió a principios de año a la Legislatura. El punto central de la propuesta pasa por transformar los actuales tribunales de Trabajo en juzgados unipersonales. Es decir, que se triplicará la capacidad operativa del fuero al pasar de salas compuestas por tres jueces a otras donde el proceso será atendido por un solo magistrado.

Además, se crea una instancia de apelación propia, una novedad absoluta para el fuero laboral, donde actualmente una sentencia desfavorable solo puede ser recurrida ante la Suprema Corte, que no siempre recoge los pedidos de las partes. De este modo, cualquier decisión de los nuevos juzgados laborales podrá ser apelada ante una instancia superior, antes de llegar al máximo tribunal.

Cambiemos logró la aprobación del expediente tras una dura negociación en el Senado, que se demoró durante cinco meses. Pero las oposiciones más fuertes al proyecto de Vidal no llegaron de adentro de la cámara, sino de la propia Justicia, que remarcó varias inconsistencias e incluso advirtió sobre posibles inconstitucionalidades.

El reclamo llegó hasta la Suprema Corte, que advirtió a través de un extenso informe que la reforma del fuero costaría $ 1.000 millones anuales y la incorporación de mil nuevos agentes. Además, desde diferentes asociaciones judiciales advirtieron sobre la creación de una instancia de revisión de los fallos dentro de la Cámara Civil y Comercial, contemplada en el proyecto original.

Esto llevó al oficialismo a ampliar los plazos de implementación del proyecto: según el texto aprobado la reforma entrará en vigencia a partir de 2020, y su implementación, por etapas, demandará cinco años.