La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por un plazo de 180 días, y la designación de la fiscal Cristina Caamaño al frente de organismo quedaron oficializados hoy con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial, en el que se cuestiona el "notorio retroceso institucional" que hubo en ese organismo durante la gestión de Mauricio Macri, utilizando al organismo "por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del estado constitucional de Derecho".

Con estas medidas, el presidente Alberto Fernández busca además reasignar fondos reservados de este organismo al programa Argentina contra el Hambre para atender la emergencia social, según se explica en el mismo decreto.

"Dispónese la intervención de la AFI por el plazo, prorrogable, de 180 días corridos a contar desde la entrada en vigencia del presente", dice el artículo 1 del decreto 52 publicado hoy en el Boletín Oficial.

A continuación, el presidente Alberto Fernández designa a Caamaño -quien estuvo al frente de la Oficina de Observaciones Judiciales encargada de las escuchas- como interventora.

Asimismo, se la instruye para "preparar y elevar a consideración del Poder Ejecutivo una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia Nacional, que garantice la producción de información de calidad y oportuna para la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación, limitando el accionar de cada uno de sus componentes a las funciones constitucionales y legales respectivas y reduciendo la actividad confidencial al mínimo necesario funcional".

También se la faculta a "transferir a la Jefatura de Gabinete los fondos reservados que excedan a los necesarios para el normal funcionamiento del organismo, para su posterior reasignación a las políticas públicas nutricionales y educativas que resultan estratégicas para abordar la emergencia social".