La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para que se expida sobre la legalidad de una ley votada en una sesión virtual, y dejó abierto el frente judicial que podría enfrentar el Gobierno si avanza con un impuesto a las grandes fortunas que promueve el kirchnerismo.

Por unanimidad, el máximo tribunal del país rechazó tratar el pedido de declaración de certezas presentado por la vicepresidenta y titular del Senado, al considerar que no existían razones para intervenir y que el Congreso tiene la potestad de decidir de qué modo sesionar.

La expresidenta se había presentado para pedir una “declaración de certeza” sobre la legalidad de sesionar de modo online, con la intención de evitar futuros reclamos legales a un impuesto a las grandes riquezas del país, que impulsa el kirchnerismo y a través del cual se busca recaudar 3.000 mil millones de dólares.