Frente a creciente brecha cambiaria entre el dólar oficial y los alternativos, sumado a una caída de la recaudación de impuestos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció este viernes que ajustará el control sobre las grandes empresas y, sobre todo, sus movimientos de divisas.

Tal decisión quedó enmarcada en la resolución general 4717/20 que firmó Mercedes Marcó del Pont y que se publicó en el Boletín Oficial. La norma incrementa las herramientas de control y fiscalización de operaciones internacionales mediante mecanismos que acotan el margen de acción en materia de precios de transferencia de los grandes contribuyentes, como las multinacionales.

A través de nueva normativa, el ente recaudador pedirá más datos sobre las operaciones de comercio exterior entre empresas vinculadas y fijar en consecuencia el impuesto a las Ganancias que corresponde tributar. También comprenderá transacciones “con sujetos de países no cooperantes o de baja o nula tribulación”.

La ley del impuesto a las Ganancias contempla la determinación de precios de transferencia y de operaciones internacionales para determinar la rentabilidad que surge de ellas. En diciembre de 2018, se incorporaron nuevas disposiciones a la reglamentación de la ley del gravamen, al tiempo que se fijaron los importes mínimos de las operaciones sujetas al análisis de precios de transferencia.

El año pasado se incorporaron las transacciones realizadas con sujetos radicados en jurisdicciones no cooperantes. A partir de esto, la nueva resolución de la AFIP pretende demostrar la correcta determinación de los precios, montos de las contraprestaciones o márgenes de ganancia que resulten de las transacciones realizadas con países de nula o baja tributación o no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal. Del mismo modo, busca determinar los precios fijados en operaciones de exportación e importación de bienes.

Dentro de las novedades de la resolución general sobre precios de transferencia se incluyeron herramientas para, por ejemplo, limitar algunos instrumentos utilizados para la elusión de impuestos y, en el caso de la Argentina, la fuga de capitales.

La normativa también dispone herramientas para evitar desvíos en las transacciones vinculadas a la investigación y desarrollo. “Una práctica habitual en algunos grupos económicos es la de localizar contractualmente un principal en una jurisdicción conveniente, y remunerar la investigación y desarrollo realizada en países como Argentina en base a gastos en salarios más un margen”, caracteriza la AFIP.