El juez federal de Dolores Martín Bava citó a declaración indagatoria al ex presidente Mauricio Macri el 7 de octubre y le prohibió la salida del país en la causa que investiga presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en Mar del Plata.

El juez Bava, que se hizo cargo de la investigación que había impulsado Alejo Ramos Padilla cuando este último fue designado como titular del juzgado federal 1 de La Plata, citó a Macri para que declare en un tramo de la causa en la que se investiga si desde el Gobierno se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de maniobras desplegadas de las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2016 y diciembre de 2017. Actualmente, el ex mandatario se encuentra en miami, Estados Unidos.

La causa había sido motorizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, quien denunció el año pasado que los espías habían sido puestos al servicio de anticipar cuáles serían los reclamos que iban a presentar ante el entonces presidente Macri. De acuerdo a la denuncia, la AFI hizo seguimientos en las manifestaciones realizadas en Mar del Plata por parientes y amigos de los tripulantes.

El expediente había comenzado a investigarse en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, pero luego fue trasladado a Dolores, donde Ramos Padilla ya investigaba una red de espionaje que se armó en torno al falso abogado Marcelo D’Alessio. Tras pasar Ramos Padilla a un juzgado en La Plata, Bava quedó como subrogante. La primera parte de la investigación la llevó adelante el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, hasta que el caso cambió de jurisdicción a Dolores.

En la misma resolución en la que se dispone la citación de Macri y su prohibición de salida del país fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, extitulares de la AFI y a quienes dictaron embargos por 20 millones de pesos. Ambos habían prestado declaración indagatoria en Dolores en julio de este año y habían negado los cargos que les imputaban.

También fueron procesados un grupo de funcionarios y agentes que habían sido indagados. Se los sindicó como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.