El Gobierno nacional reafirmó este jueves que el acuerdo que se firme con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “será enviado al Congreso” para que los legisladores “conozcan” los detalles del mismo, ya que ello “va a comprometer a varias generaciones”, y rechazó así el proyecto de la Coalición Cívica que propuso ayer que el entendimiento no pase por el Parlamento.

En su habitual conferencia de prensa semanal, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti descartó la posibilidad de evitar el tratamiento legislativo del acuerdo, tal como lo propuso la fuerza que conduce Elisa Carrió.

“El ámbito para discutir y sancionarlo es el Congreso”, precisó la funcionaria, al tiempo que aseguró que el peso del endeudamiento generado por la administración anterior se sentirá “por lo menos por los próximos diez años”.

La portavoz aseguró además que el Gobierno “repudia” que el acuerdo suscripto en junio de 2018 por el expresidente Mauricio Macri no haya pasado por el Parlamento.

La postura del Gobierno actual es diferente, dijo, ya que considera que lo que se apruebe “va a comprometer a varias generaciones”.

En cuanto a las últimas gestiones del Ministerio de Economía con el FMI, Cerruti sostuvo que se está avanzando “respecto de la letra más chica”, y que si bien hay “algún tipo de diferencias en algunos puntos”, estos no radican en las metas fiscales sino “en el sendero para alcanzar esas metas”.

“Una vez que esté el acuerdo, que esperamos que sea en los próximos días, va a ser enviado al Congreso, no va a haber ningún tipo de secreto”, ratificó.

Al respecto, relativizó la importancia de los “borradores” que circularon en las últimas horas, al señalar que “cambian todos los días, por eso son borradores”, y que “seguramente será diferente al borrador de mañana”.

Cerruti reiteró que el Gobierno tuvo que acceder a la negociación para “refinanciar la deuda de 45.000 millones de dólares que tomó el Gobierno de Mauricio Macri, casi en forma personal, en las peores condiciones que nos haya dado el FMI”.

Asimismo, destacó que con ese convenio “la Argentina no se compromete a nada que baje su gasto social, su gasto de capital, ni a reformas jubilatorias”.