Una veintena de diputados de Cambiemos presentó un proyecto de ley para que se pueda juzgar a los sindicalistas por delitos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, con lo que estarían alcanzados con las mismas sanciones aplicables a los funcionarios públicos, que contemplan penas de hasta diez años de prisión.

Al día siguiente de la masiva protesta del camionero Hugo Moyano, legisladores del oficialismo salieron a impulsar esta iniciativa, redactada por el vicepresidente de la Cámara baja, el radical Luis Petri, y firmada por una veintena de legisladores de la UCR y el macrismo.

El Código Penal sanciona "con reclusión o prisión de tres a diez años e inhabilitación especial perpetua al funcionario público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones".

En ese sentido, propone una reforma para aplicar "la misma pena a quienes dirijan o administren asociaciones sindicales con personería gremial u obras sociales de la ley 23660 que por sí o por persona interpuesta, recibieren dinero o cualquier otra dádiva o aceptaren una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones".

En el caso de enriquecimiento ilícito, la pena de prisión será de cuatro a diez años, y una multa del 50 al 100% del valor del enriquecimiento más inhabilitación.

Petri dijo que el proyecto busca que a los sindicalistas se los pueda "juzgar como sucede en el caso de los funcionarios públicos por los delitos de corrupción, y enriquecimiento contra la Administración Pública".

Además de Petri firman el proyecto Graciela Ocaña, Paula Olivetto, Carlos Fernández, Julián Dindart, Pablo Torello, David Schlereth, Cornelia Schmidt Liermann, Hugo Marcucci, Jorge Enríquez, Martín Grande, Julio Sahad, Aída Ayala, Pablo Torello, Facundo Suárez Lastra, Natalia Villa, Marcela Campagnoli, Leonor Martínez y Marcelo Monfort, entre otros.

El legislador mendocino señaló que los sindicalistas, por su función de administrar las obras sociales, "se desempeñan como verdaderos entes de derecho público".

"El norte que debe guiar el interés sindical es la defensa de los derechos de los trabajadores y se debe sancionar a aquellos que hacen abuso del poder de representación que les conceden los trabajadores para enriquecerse indebidamente. El sindicalismo argentino no puede estar al margen de la ley", agregó.

En ese sentido, el proyecto establece que el sindicalista condenado por cohecho y tráfico de influencias será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años e inhabilitación especial perpetua.

Otro punto importante del proyecto es que impide a un dirigente que tenga inhibiciones civiles o penales, lidere un gremio o dirija una obra social; además, obliga a los dirigentes a presentar