El Gobierno oficializó hoy, con su publicación en el Boletín Oficial, el decreto que reforma la ley de Lealtad Comercial con el objetivo de "asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados", con sanciones que van desde multas hasta la clausura por 30 días de los establecimientos.

 La intención de la renovada normativa es endurecer los controles a los supermercados, proteger a las pymes y regular la competencia en el comercio. Prevé la aplicación de multas de hasta $ 200 millones para las firmas infractoras.

Se trata de una ley que estaba vigente desde la dictadura (fue promulgada en mayo de 1983) pero que, según entienden en el Gobierno, había quedado obsoleta. Con el DNU, el Presidente saltea al Congreso, pese a los cuestionamientos que se hicieron sentir desde un sector de la oposición y también de empresarios.

El texto del decreto consta de 77 artículos, agrupados en ocho títulos. El primero tiene que ver con la "competencia desleal". En el artículo 4, aclara que se aplicará la ley "en cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse". Y precisa que "la aplicación no está supeditada a la existencia de una relación de competencia entre los sujetos del acto de competencia desleal".