El Gobierno bonaerense desaprobó los números de ABSA durante el último año de gestión de María Eugenia Vidal y no descarta acudir a la Justicia para denunciar irregularidades.

Según trascendió, tras una auditoría realizada durante tres meses la actual administración de la empresa estatal denunció la existencia de “un sinnúmero de situaciones controversiales e irregularidades, como así también una deuda con proveedores y contratistas superior a los $ 1.000 millones”.

En ese contexto, el ministerio de Infraestructura bonaerense desaprobó a través de un acta la rendición del ejercicio 2019, el último año de gestión de Raffaelle Sardella. El titular de la cartera, Agustín Simone, advirtió que “no sólo no podemos aprobar un ejercicio en este estado, sino que, además, lo analizaremos en profundidad porque no descartamos presentarnos como querellantes en la Justicia”.

El ministro aseguró que “los municipios del interior tienen colapsadas las redes de agua y de cloacas, y las plantas depuradoras no tienen capacidad de tratamiento. Todos los intendentes coinciden en que en los últimos cuatro años se deterioró mucho el servicio de ABSA. Y encima, dejaron una deuda millonaria”.

Según se detalló en la auditoría, al asumir la nueva gestión encontró a la empresa en una “virtual cesación de pagos” que “obligó a instrumentar medidas urgentes para evitar poner en jaque el funcionamiento básico (compra de cloro, potabilizantes), debido al caos operativo imperante”.

“Resulta inexplicable que Sardella ejerciera la titularidad de ABSA y haya mantenido su puesto jerárquico en el Grupo SOCMA (vinculado al expresidente Mauricio Macri). Se observa una incompatibilidad manifiesta en el desempeño de ambas tareas en simultáneo, al existir un evidente conflicto de intereses”, se señala.