El ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, fue liberado según lo dispuesto por el juez Isidoro Cruz, quien había resuelto su detención el pasado miércoles en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales.

Cruz informó que la medida fue concretada de "oficio" por "la conducta adoptada por los fiscales de la investigación durante la audiencia indagatoria de ayer", en la que se retiraron en medio del proceso, y señaló que en las próximas horas se difundirán los fundamentos de su decisión.

En tanto, el abogado defensor, Horacio Aguilar, señaló que ya se realizan los tramites de rigor y que en horas se hará efectiva la liberación del ex mandatario, alojado desde el jueves a la tarde en el penal del barrio Alto Comedero de la capital provincial.

Durante la audiencia de ayer, los fiscales de la causa, Diego Cussel y Liliana Montiel, se retiraron en medio del proceso y anticiparon que pedirían su nulidad.

Esa solicitud se fundamentará en el hecho de que el juez no dio lugar a un pedido de lectura de las pruebas que constan en el expediente, a la que la defensa de Fellner se negó en primera instancia al sostener que ya las conocían, según explicó ayer el fiscal Cuseel ante la prensa local.

Al respecto, el juez Cruz ya había criticado ayer la actitud de los fiscales, al asegurar que estaban "en su derecho de pedir nulidades, pero no de retirarse" y que debido a esa situación debió suspender otras indagatorias previstas para la jornada.

También afirmó que la continuidad de la indagatoria estuvo enmarcada en el planteo de la defensa y por una cuestión de "economía procesal", ya que hubiera llevado alrededor de cinco horas la lectura, y consideró que la postura de la fiscalía no tenia otro sentido que "dilatar el proceso".

La orden de detención contra Fellner y otras cinco personas estaba librada desde la noche del último miércoles, por pedido de la fiscalía en la causa que investiga el desvío de unos 1.300 millones de pesos para la construcción de viviendas, las cuales no habrían sido construidas, lo que motivó la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta de 23 personas.